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Hallazgos por 2.813 millones en la rama judicial

La Rama Judicial –Consejo Superior de la Judicatura ha pagado en los últimos 5 años un mayor valor de $2.813 millones de pesos en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, ha realizado adiciones de cesantías de $4.406 millones, situación que muestra grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal.


Así lo determinó la Contraloría General de la República en una Auditoría de Cumplimiento al proceso de reconocimiento, liquidación, pago de salarios y prestaciones laborales de los servidores de la Rama Judicial para las vigencias 2013 a Octubre de 2017.

En la auditoría se detectaron 45 hallazgos administrativos, 12 de los cuales se calificaron con incidencia fiscal, por Salarios y Prestaciones Sociales de personal que ya había sido retirado del servicio, doble pago de cesantías, pago de sobre sueldo del 8% eliminado desde 1991 y aplicación de la No solución de continuidad en el auxilio de cesantías que generó mayores valores pagados.

Según la Contraloría, estas situaciones hacen incurrir al Consejo Superior de la Judicatura en un desgaste administrativo que conlleva a procesos de ajustes recurrentes, lo que en muchas ocasiones ha impedido la recuperación oficiosa de los dineros pagados en exceso y en consecuencia, exige el inicio de procesos de cobro coactivo.

Deficiencias del Sistema que soporta las liquidaciones

Se encontró que a pesar de los $12.000 millones que se han invertido durante 8 años en la solución tecnológica Kactus, para dar soporte a los procesos de administración y gestión del talento humano, la misma presenta varias deficiencias.

De hecho, debido a los errores en las liquidaciones realizadas a través del Sistema Kactus, las seccionales del Consejo Superior de la Judicatura se han visto obligadas a trabajar con instrumentos alternos para realizar las correcciones del caso, validar y calcular las cesantías-prestaciones.

Dado que el Kactus no se ha podido consolidar como la herramienta que permita liquidar con autonomía las prestaciones de los funcionarios de la Rama Judicial, esta situación puede afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada en estos archivos alternos.

Otras fallas detectadas

Al evaluar el  proceso institucional de reconocimiento, liquidación y pago de la nómina y prestaciones de los empleados de la Rama Judicial, la Contraloría encontró debilidades asociadas a temas como incumplimiento normativo, alta rotación de personal y falta de oportunidad de los nominadores para comunicar las novedades, así como ausencia de control y seguimiento para realizar verificaciones.

A esto se suma la carencia de procedimientos en procesos para liquidación de vacaciones, cesantías y salarios, donde se definan las competencias, actividades y responsabilidades. Lo anterior se traduce en una gestión fiscal ineficiente e ineficaz del recurso público que atiende el gasto de personal en la Rama Judicial.

Giros de cesantías soportados en valores no causados

La Contraloría evidenció también que mediante Circular 13 de 2005, el Director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó la apertura de cuentas globales para cada uno de los fondos de cesantías, con el fin de realizar el giro de cesantías a los funcionarios afiliados, contrario a lo establecido por las normas que regulan este auxilio.

Con esta práctica, la entidad viene efectuando giros soportados en proyecciones y no en valores realmente causados, lo que lleva a que los ajustes necesarios para cada caso particular, se efectúen por comunicaciones individuales, escapando a la cadena presupuestal que rige para la Rama Judicial, y se gire en muchos casos mayores valores de los que corresponden, dejando a cargo de los Fondos los recursos remanentes.

Además de lo expuesto, la entidad no adopta correctivos para reducir el índice de errores que generan las dobles acreditaciones, situación que se convierte en un riesgo permanente para el manejo de los recursos públicos destinados al pago de las cesantías del régimen individual.

Según se desprende del análisis del movimiento de la cuenta global a nombre de la AFP PORVENIR durante las vigencias 2013-2016, desde esta se pagaron intereses de cesantías y cesantías definitivas, lo mismo que sentencias por demandas contra la Entidad por mala liquidación de esta prestación económica, situaciones que debían ser canceladas directamente a los funcionarios y no a través de la entidad administradora, lo que además implicó costos administrativos a cargo de los afiliados y en favor del Fondo.

Liquidación de cesantía anualizada desconoce normatividad

La Contraloría encontró también que en la Rama Judicial se liquidan las cesantías anualizadas, a través de un procedimiento no previsto por el legislador, acumulando tiempos de servicio derivados de diferentes vinculaciones en una misma anualidad, aplicando indebidamente la no solución de continuidad en la liquidación del auxilio de cesantías, hecho que aumenta injustificadamente las erogaciones en el presupuesto de gastos de personal de la Rama Judicial.

Esto porque mediante Circular DEAJC17-59 de 2017 se cambió el procedimiento de liquidación de la cesantía anualizada, aplicando la acumulación de periodos, desconociendo la normatividad vigente que regula la materia y asumiendo una competencia exclusiva del legislador.

Convocatoria de investigación sobre calidad educativa

Los estudiantes de posgrado y grupos de investigación, podrán postular sus propuestas en la convocatoria de proyectos de investigación sobre la calidad de la educación del Icfes, que comenzará el próximo 26 de febrero y culminará el 15 de mayo, con la cual se busca generar aportes a la construcción de políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de la educación en Colombia.


Según Ximena Dueñas, Directora del Icfes, habrá una primera etapa antes de la apertura oficial de la convocatoria, que consiste en la recepción de observaciones a las especificaciones legales de la convocatoria, por parte de los interesados, la cual estará habilitada desde el 29 de enero, hasta el 16 de febrero.

A partir del 26 de febrero, el Icfes abre oficialmente la convocatoria a la que podrán postular proyectos hasta el 15 de mayo de 2018. La Directora del Icfes recordó que: “el requisito principal para esta convocatoria es que los investigadores enfoquen sus proyectos de investigación haciendo uso de las bases de datos de los resultados de las pruebas que realiza el Instituto: Saber 3°, 5° y 9°, Pre Saber, Saber 11, Saber Pro y Saber TyT, aunque también pueden basarse en los resultados de las pruebas internacionales en las que Colombia haya participado”.

Así mismo, Dueñas Herrera anunció que los recursos para financiar los proyectos de estudiantes serán de hasta $10 millones de pesos, mientras que, para los grupos de investigación se tiene una cifra de máximo $50 millones de pesos, además, aclaró que no existe un límite en el número de proyectos a financiar, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria.

La Directora recordó que desde el año 2010 y hasta el 2017, se han financiado un total de 77 proyectos de investigación, siendo 35 de estudiantes y 42 de grupos pertenecientes a distintas universidades del país y del exterior.

Los interesados en participar deberán realizar su inscripción vía internet a partir del 26 de febrero, ingresando a la página web del Icfes http://www.icfes.gov.co/investigadores-y-estudiantes-posgrado/convocatorias-icfes-de-investigacion donde encontrarán los términos de referencia, los formatos descargables y el formulario de inscripción donde se deberán adjuntar los documentos requeridos.

Se redujo el número de niños quemados

Como un hecho sin precedentes fue calificada por la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe, la disminución en un 23% del número de niños y adolescentes lesionados por la manipulación de pólvora (297 casos), al comparar la cifra con los datos registrados en los últimos cinco años donde el promedio fue de 390 casos.


“Esta reducción es fruto del esfuerzo de los 15.000 colaboradores del ICBF, quienes fuimos portavoces de nuestra campaña Fiesta sin Pólvora. En las calles, en los barrios, en los centros comerciales, en las terminales de transporte de todo el país, sensibilizamos a padres de familia y cuidadores sobre los peligros que representa la pólvora para la integridad de nuestra niñez. Llamado al que también se sumaron los medios de comunicación, autoridades departamentales y municipales, que hicieron eco de nuestro sentir y nos apoyaron en nuestra tarea de tener alejados a los niños de la pólvora”, dijo Abudinen Abuchaibe.

Para la Directora del ICBF, “si bien es cierto que entre el primero de diciembre de 2017 y el 11 de enero de este año, se registraron 87 casos menos de niños y adolescentes quemados que en el periodo anterior, hoy 297 familias de los niños lesionados enfrentan situaciones difíciles porque sus hijos vieron en riesgo su vida e interrumpidos sus sueños”.

De los 297 niños y adolescentes lesionados con pólvora, el ICBF conoció todos los casos y ha venido adelantado las acciones pertinentes, iniciando por la asistencia y orientación a las familias, y continuará haciendo el seguimiento respectivo. De manera particular, a través de los Defensores de Familia, el Instituto interpuso 29 denuncias penales (9 en Valle del Cauca, 6 en Caldas, 4 en Norte de Santander, 3 en Córdoba, 2 en Antioquia y una en cada uno de los departamentos de Meta, Magdalena, Cesar, Atlántico y Cauca).

Así mismo, el ICBF abrió 89 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), acciones que llevaron a los Defensores de Familia a dictar medida de protección para 8 niños y adolescentes, 4 de los cuales se encuentran reubicados en instituciones, 2 con su familia extensa, 1 en hogar sustituto y 1 con medida de intervención de apoyo. Adicionalmente, se impusieron 117 amonestaciones a padres de familia. Estas cifras resultan superiores a lo registrado, por ejemplo, en 2015 cuando el ICBF impuso 4 amonestaciones y abrió 22 PARD, o en 2016 cuando se impusieron 22 amonestaciones y se abrieron 90 PARD.

Frente al tipo de lesiones, la Directora General del ICBF lamentó que, de los 297 casos, el 73% presentó quemaduras, el 14% laceraciones, el 5% amputaciones (13 casos), el 4% trauma ocular, el 3% intoxicación y el 1% trauma auditivo. “Para mí un solo niño lesionado representa dolor y tristeza y mucho más la muerte de uno de ellos, como ocurrió en el departamento del Magdalena por la intoxicación por pólvora de una niña de 4 años”, agregó Abudinen Abuchaibe.

Estas lesiones fueron producidas por la manipulación de artefactos como: totes (28%), voladores (17%), mechas (15%), taco, tronantes, martillo y similares (13%), luces de bengala (6%), triquitraques (4%) y volcanes (4%).

La Directora General aprovechó la presentación de su informe final de niños, niñas y adolescentes quemados con pólvora para felicitar a las autoridades de los departamentos de Amazonas, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés, Vaupés y Vichada donde no hubo menores de edad lesionados con pólvora.

De igual forma, Abudinen Abuchaibe destacó a las autoridades, padres de familia y cuidadores de los niños en los departamentos donde se registraron disminuciones considerables de lesionados con pólvora frente al periodo de vigilancia epidemiológica anterior como: Quindío (92%), Meta (75%), Risaralda (62%), Magdalena (59%), Santander (50%), Huila (50%), Córdoba (33%), Nariño (41%), Tolima (36%), Cesar (27%), Bogotá (27%) y Antioquia (23%). Así mismo, se registró decrecimiento en el número de niños quemados en Putumayo (17%), Valle del Cauca (14%), Sucre (13%), Caldas (11%), Norte de Santander (9%) y Cundinamarca (8%).

También hizo un llamado a los pobladores y gobernantes de Arauca y Caquetá para que intensifiquen las campañas que mantengan alejados a los niños de la pólvora, ya que en el periodo 2016-2017 no habían registrado casos y durante el periodo 2017-2018 reportaron 2 y 5 casos, respectivamente. En el mismo sentido, se refirió a las autoridades en aquellos departamentos donde se incrementó la cifra de menores de edad lesionados con pólvora:  La Guajira con 71% (12 casos), Bolívar con 38% (11 casos) y Atlántico con 50% (6 casos).

“La disminución del 23% en el número de casos de niños quemados con pólvora nos llena de esperanza de cara a las próximas festividades decembrinas. El ICBF, como garante de los derechos de los niños, redoblará esfuerzos en los próximos años para que la pólvora no haga parte de las celebraciones y registremos cero menores de edad lesionados”, sostuvo Abudinen Abuchaibe.

“En este nuevo año seguiré trabajando y sensibilizando a los adultos para que cumplan su papel de protectores y cuidadores de los menores de edad. Desde el ICBF seguiremos trabajando sin descanso por cuidarlos, protegerlos y amarlos. Los niños son primero”, puntualizó.

Huila redujo en 50% la cifra de niños quemados

Durante el último periodo de vigilancia epidemiológica en materia de pólvora, el departamento de Huila registró una disminución significativa en el número de niños, niñas y adolescentes lesionados al pasar de 10 a 5 casos, lo que representó una caída del 50%.

Vale la pena destacar que se adelantaron 3 Procesos Administrativos para restablecer los derechos del niño y se impusieron 2 amonestaciones a los padres de familia o cuidadores.

Desde el ICBF lamentamos que se hayan presentado 5 quemaduras de primer y segundo grado en niños y adolescentes afectados por la manipulación de la pólvora.

Según el reporte consolidado desde la Regional Huila del ICBF, el 80% de las lesiones fue ocasionado por totes y 20% por voladores.

Niño desaparecido en Garzón bajo protección del ICBF

Luego de activar una búsqueda a nivel nacional el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, encontró sano y salvo al niño de 11 años de edad que se había reportado como desaparecido el fin de semana pasado en el municipio de Garzón, Huila.


La Directora General del ICBF Karen Abudinen Abuchaibe, resaltó el trabajo articulado de los estamentos que permitió dar con el paradero del niño, a quien se le abrió inmediatamente un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

“Luego de activar nuestros mecanismos de búsqueda en todo el país, podemos celebrar que el niño de 11 años quien había desaparecido desde el fin de semana pasado en Garzón (Huila), hoy se encuentra bajo nuestra protección en un hogar sustituto en Florencia (Caquetá)”, sostuvo la Directora General del ICBF, Karen Abudinen.

La Directora General resaltó que desde el primer momento que el niño quedó bajo protección se adelantó la valoración psicológica y se verificó su estado de salud, así mismo, señaló que la entidad acompaña a los padres del niño quienes se encuentran en el municipio de Garzon, Huila.

“En este momento tenemos un equipo del ICBF acompañando a la familia del niño en zona rural del municipio de Garzón y adelantando la verificación complementaria de los derechos de los demás hermanos del niño, además, estamos estableciendo las causas su desaparición”, dijo Abudinen Abuchaibe.

Finalmente, la Directora del ICBF hizo un llamado a los padres a proteger y cuidar a todos los niños.

Minagricultura lanza estrategia Colombia vende

Gracias al programa de Formalización de Tierras que adelanta la Agencia de Tierras con el apoyo de USAID y OIM se entregaron 153 escrituras a igual número de familias que ahora son formalmente propietarios.


Con este programa, el Gobierno le brinda seguridad jurídica a los campesinos que trabajan sus predios pero que no tienen una escritura que los acredite como dueños.  Tolima presenta un porcentaje de informalidad rural del 56% (de 181.934 predios rurales 102.581 no tienen escritura).

Restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras, entrega a 14 familias del municipio de Ataco, 231 hectáreas de tierra. De igual manera, entregará un cheque simbólico por valor de 350 millones de pesos, como subsidio para la implementación de proyectos productivos.

Gracias al proceso de restitución de tierras muchos campesinos, hicieron posible su retorno en el departamento del Tolima con un proyecto productivo sostenible y exitoso. Este es el caso de 16 beneficiarios que culminaron todas las fases de la implementación de sus proyectos. Por lo anterior, la URT les otorga la graduación en proyectos productivos.

Primera piedra de planta de secado de café para el sur del Tolima

Con el objeto de fortalecer el sector productivo de la zona del Sur del Tolima, en el marco de una alianza público privada con la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima (CAFISUR), el Ministro Zuluaga puso la primera piedra de una planta regional de secado de café en el municipio de Chaparral, que beneficiará a cerca de 24.000. Caficultores ubicados en los municipios de Ataco, Chaparra, Ortega, Planadas, Rioblanco y San Antonio.

Con la puesta en marcha de la planta, y gracias a CAFISUR se busca regular el precio del café húmedo en el Sur del Tolima. Gracias a este proyecto se proyecta la compra de café húmedo para la obtención de pergamino.

Para la ejecución de este proyecto, la Cooperativa aportará el terreno y la construcción de la planta, lo cual representa recursos por $18.000.000.000; la Agencia de Desarrollo Rural, cofinanciarán $2.100 millones,  los cuales se destinaran para equipamiento; en contrapartida, Cafisur aportará $334.542.320, para un valor total de $ 2.434.542.320.

Contraloría General ve con preocupación descapitalización del FNA

La Contraloría General de la República estimó que el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2018, aprobado por el legislativo con la propuesta del Gobierno Nacional de descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en $500 mil millones, podría ir en contravía de la Constitución y específicamente de su artículo 48, que expresa textualmente que:


“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”.

El Fondo Nacional del Ahorro está legalmente  constituido como una entidad de seguridad social y, por esto mismo, sus recursos tienen una destinación específica.

Así lo establece el parágrafo del artículo 4º de la Ley 432 de 1998, cuando expresa que “por ser el Fondo Nacional de Ahorro una entidad de seguridad social, no se podrán destinar ni utilizar sus recursos, utilidades y rendimientos o excedentes financieros para fines distintos a su objeto y funciones”, recordó la Contraloría.

Recursos del Fondo no pueden destinarse a otros fines

“Si el legislador dejó expreso el destino que deben tener los recursos del Fondo, lo hizo precisamente porque los recursos de la seguridad social en Colombia tienen rango constitucional”, argumentó el organismo de control.

Es la propia Carta Magna la que prohíbe que los recursos del sistema sean utilizados a otro tipo de actividades, pues de otra manera se pondría en riesgo el derecho fundamental de la seguridad social, agregó.

“Contrario a lo incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto, la Ley 432 de 1998 no considera que los recursos del Fondo puedan destinarse a otros fines, aún en el evento en que no se afectan las cesantías y los ahorros de los afiliados, pues no se trata de una norma potestativa en la cual el operador tenga la libertad de valorar los efectos de su decisión. Por el contrario, se trata de una prohibición categórica que no admite interpretación”, subrayó.

No hay razón para desatender una orden constitucional

“Adicionalmente, si bien los indicadores financieros del Fondo Nacional del Ahorro se encuentran en niveles óptimos o superiores a los exigidos por las autoridades de regulación, y probablemente la descapitalización no los afecte significativamente, nada permite suponer que esto sea razón suficiente para desatender la orden constitucional”, concluye el análisis de la CGR sobre el tema.

La propuesta de descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), sin afectar las cesantías y los ahorros de los afiliados, fue incluida, como un artículo nuevo (Art. 104), en el primer debate al Proyecto de Presupuesto 2018 que realizaron las Comisiones Económicas Conjuntas por $400 mil millones.

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